Marco Coscione
Especialmente desde finales de los Noventa y principios del nuevo siglo, en Chile varias organizaciones de productores agrícolas y artesanos, así como empresas del agro, se han ido sumando a los circuitos internacionales del comercio justo.
Hoy, unas cincuenta organizaciones y empresas representan directamente este sector; sin embargo, más allá de estos actores que explícitamente asumen el comercio justo como un compromiso en su actuar económico, social y ambiental, existen tanto un sector asociativo y cooperativo recobrando relevancia, como un entramado de emprendimientos familiares, a lo largo y ancho del país, que buscan agregar valor a sus productos a través de la dignificación del trabajo artesano, agrícola y pesquero, y a través de nuevos circuitos de comercialización que permitan reducir las desigualdades y aumentar las oportunidades para diversificar fuentes de ingresos; especialmente en un contexto de postpandemia.
En el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, la coalición que llevó Gabriel Boric a ser electo como Presidente de la República, se menciona concretamente, en el capítulo de “Política rural integrada al nuevo modelo de desarrollo”, la voluntad de fortalecer «programas que promuevan el comercio justo y los circuitos cortos alimentarios», así como «la elaboración a pequeña escala de productos alimentarios, con el fin de promover la agregación de valor, promoviendo el uso de técnicas tradicionales como innovadoras»[1].
En este enunciado, el comercio justo está estrechamente ligado a los circuitos cortos y la agregación de valor, dos de los grandes desafíos que el movimiento por un comercio justo está viviendo, tanto en el Norte como en el Sur global.
Si esta forma alternativa de comercio nació, en la segunda postguerra, con un enfoque claramente Sur-Norte, donde artesanos y pequeños productores agrícolas del Sur lograban participar de forma directa, transparente y sostenible en las cadenas de suministro globales de varios productos, hoy estamos viendo el surgir y desarrollarse de varias iniciativas locales y nacionales que rescatan la experiencia, de más de siete décadas, del movimiento a nivel internacional para adaptarla a la realidad de sus territorios.
La necesidad de contar con un abanico de productos sostenibles cada vez más amplio y los desafíos representados por las primeras políticas públicas para el sector, se juntan hoy dando vida a una interesante oportunidad para profundizar el rol del Estado y del sector privado chilenos en la promoción del comercio justo también a nivel nacional, aprendiendo de otras experiencias de la región. En América Latina, Ecuador y Brasil han sido pioneros en la construcción, en conjunto con los actores del comercio justo y la sociedad civil, de marcos normativos y políticas públicas de fomento al comercio justo.
Desde el año 2010, la entonces Dirección de Comercio Inclusivo del Viceministerio de Comercio Exterior logró hacer confluir las expectativas de diferentes actores en la “Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo”. Hoy, ésta es responsabilidad del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, pero se trabaja de forma interinstitucional. Además, en el país, se está llevando a cabo una consultoría para llegar a consensuar un marco normativo nacional de fomento y promoción del comercio justo, definiendo conceptos, alcances y también un estándar nacional de comercio justo.
En Brasil, también gracias a la estrecha colaboración entre el movimiento social y el Gobierno, en 2010 se lanzó el Sistema Nacional de Comercio Justo y Solidario (SNCJS), creado a partir del Decreto Presidencial N. 7.358 (17/11/2010) firmado por el expresidente Lula Inácio da Silva. A pesar de la fortaleza del movimiento de la economía solidaria en Brasil, el camino del Sistema Nacional de Comercio Justo y Solidario, prometedor al principio, en la actualidad está encontrando muchos desafíos para su implementación, demostrando fuerte dependencia de las administraciones progresistas y escasa institucionalización transversal.
¿Y qué pasa en Chile? En 2015, la consultora ProQualitas desarrolló el estudio “Identificación y Caracterización del Sector Comercio Justo y Consumo Responsable”, solicitado por el Ministerio de Economía, División de Asociatividad y Economía Social (hoy División de Asociatividad y Cooperativas). En los cuatro grupos focales organizados durante el estudio, las políticas públicas, en particular las compras públicas, fueron considerados como una de las principales estrategias para el fomento del sector, además de la educación al consumidor y la formación académica sobre comercio justo y economía solidaria.
Hoy, a través del proyecto europeo “Apoyo al desarrollo del comercio justo y sostenible entre la UE y Chile”, se llevó a cabo la caracterización actualizada del sector en Chile, que se presentará a mediados de noviembre en una Conferencia Internacional en Santiago. El estudio se enfoca en las relaciones comerciales con la Unión Europea; sin embargo, no podrá perder de vista la actual coyuntura sociopolítica nacional, que también representa una oportunidad para construir concretamente una política pública o estrategia nacional para el sector, a partir de una coordinación intersectorial que involucre activamente a las instituciones públicas y a las organizaciones y empresas de comercio justo.
Esta coordinación, ampliada a todos los ministerios clave para el sector (Economía, Fomento y Turismo; Agricultura; Relaciones Exteriores; Mujer y Equidad de Género; Trabajo y Previsión Social, entre otros), deberá necesariamente partir por la experiencia que ya ha tenido la Mesa de Comercio Justo promovida por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y CORFO, que llevan ya un tiempo fomentando el comercio justo desde la transversalización del enfoque de género.
A pesar de los pocos avances hasta el momento, hoy la sociedad chilena está más abierta a recorrer desafíos que tengan como norte la reducción de las desigualdades, la cooperación económica y la sostenibilidad social, ambiental e intergeneracional, especialmente en un escenario, por un lado, de cambios climáticos y escasez hídrica que ponen en riesgo muchas actividades productivas, por el otro, de un cambio constitucional sobre el cual, todavía, muchos reponemos la esperanza de crear un Chile distinto.
A pesar de haber sido rechazado, la primera propuesta de nueva Constitución incluía punto muy relevantes para el sector: consagraba la participación del Estado en la economía, «de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria» (Art. 182.1) y también el rol del Estado en el fomento de «la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular» (Art. 182.4), así como en el reconocimiento de «la función social, económica y productiva de las cooperativas», fomentando así su desarrollo de acuerdo al principio de ayuda mutua (Art. 73.1).
Además, el texto dedicaba varios artículos a la “Ruralidad”, comprometiendo al Estado con la promoción del desarrollo integral de los territorios rurales y «la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño y la implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen» (Art. 241.2). Asimismo, muy relevante, el Estado es llamado a fomentar «los mercados locales, las ferias libres y los circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes y productos relacionados a la ruralidad» (Art. 243). Los actores que promovemos la economía cooperativa, social y solidaria esperamos que estos principios se mantengan también en la futura nueva propuesta.
Un panorama político sin duda desafiante para el movimiento del comercio justo en Chile que, sin embargo, atraviesa un momento en el cual las estancadas oportunidades comerciales internacionales (especialmente en el rubro de las artesanías), los efectos del cambio climático y el desafío de la sostenibilidad intergeneracional, entre otros, marcan una coyuntura complicada. Frente a ella, la renovación de los liderazgos y una articulación nacional más inclusiva, representativa y solidaria entre todos los actores productivos del país, son algunos de los puntos de partida esenciales para incidir en el escenario político e incluso en lo comercial.
(1) https://static.emol.cl/emol50/documentos/archivos/2021/11/01/20211101115916.pdf
